PUNTOS… Y PICAS
El anuncio de que Milagros
Ortiz Bosch será responsable de la Dirección de Ética e Integridad del próximo
gobierno y que los futuros senadores por Santiago y la provincia Santo Domingo
renuncian a privilegios legislativos son auspiciosas noticias de cambio de
rumbo en asuntos públicos.
Existe una enorme
expectativa ciudadana con respecto al ejercicio de los poderes Ejecutivo y
Legislativo a partir del 16 de agosto venidero porque el dictamen de las urnas
el pasado 5 de julio encierra un mensaje de ansías de transformaciones reales o
de respeto mínimo al proclamado estado de derecho.
Ese “cambio” a que aspira
la población mayoritaria, de acuerdo al resultado electoral, no es algo
cosmético tratándose de que los partidos competidores en el fondo son de
similares prácticas y comportamientos, sino que implica necesariamente un
componente ético, tan ausente estos días.
La sociedad está decidida a
evitar que se repita el enriquecimiento ilítico.
El bien obrar, hacer las
cosas de manera correcta, no solo ser honesto sino actuar como tal y alcanzar
la integridad practicando con el ejemplo son anhelos ciudadanos legítimos en el
comportamiento de servidores públicos que deben ser transparentes y
comprometidos con rendir cuentas.
La sociedad está decidida
a mantener vigilancia hacia nuevas autoridades desde el inicio mismo del
período constitucional y tiene altísimas expectativas para evitar que se repita
el enriquecimiento ilícito a costa del erario y la búsqueda del cargo público
para hacer negocios desde el gobierno.
Si bien han sido
anunciados futuros funcionarios para dirigir áreas muy importantes del
ejercicio gubernamental, la atención se centra en los que tendrán atribuciones
legales para perseguir, acusar y gestionar sanciones penales contra los
corruptos y para evitar siga el régimen de la impunidad.
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