Operación Falcón y la Procuraduría Antilavado

Cristhian Jiménez
El impacto de la inaudita
Operación Falcón ha solapado otro hecho sin precedentes: la intervención de la
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.
Una operación que inició
con 80 allanamientos, incautaciones por 50 mil millones de pesos y que reitera
la peligrosa vinculación del crimen organizado con la política, lo empequeñece
todo.
Sin embargo, la
intervención de un departamento que precisamente debe perseguir el lavado de
activos, actividad fundamental en las operaciones de narcotráfico y corrupción
estatal, por una investigación de alegadas irregularidades y previó a Falcón
amerita fijar la atención en las indagatorias.
La investigación, a cargo
del Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, provocó la
suspensión de los dos principales funcionarios de ese despacho.
La intervención se produce
previo a la puesta en escena del operativo y de meses de investigación y en
coordinación con la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos.
Se citan operaciones de
envíos de drogas desde 2012 a Puerto Rico, Estados Unidos y naciones europeas
en cantidades que habrían generado millones de dólares en ganancia a los
vinculados al negocio que tenía como epicentro la ciudad de Santiago.
Un tránsfuga funcionario,
con varios períodos como diputado de otro color partidario, aliado a la oficialidad
anterior, es uno de los principales investigados. Otro congresista sospechoso,
transportaba al perseguido, ahora alega que “daba una bola” a un colega. Los
traslados de drogas se han situado entre los años 2012 y el 2019, período, sin
que sea único, de alta relación con vinculados al narcotráfico y a las
postulaciones congresuales y municipales y al sostenimiento partidario.
Surgieron los desconocidos “más votados”.
Las compras millonarias de
bienes muebles e inmuebles abarcaron casi todas las actividades, sin que se
dispararan las alarmas.
Un caso emblemático, el de
“César el Abusador” se produjo por iniciativa de las autoridades norteamericanas,
pero la complicidad de autoridades locales hizo inalcanzable al individuo que
posteriormente fue apresado en Colombia. Desde allá denunció a supuestos
protectores criollos.
¿Qué pasó con la Procuraduría
Antilavado, sobre todo en la gestión de Jean Alain Rodríguez, durante aquella
hecatombe?
¿Cuáles son las líneas de
investigación del Inspector General del Ministerio Público en este caso?
Por informaciones que me
han llegado, parecería que el tema del cheque de los 24 millones de pesos y la arbitrariedad
contra un famoso colegio, en el fondo contra los padres de un niño estudiante,
podría ser lo más suave del caso.
Las indagaciones se han
ampliado y se sabe que llega mucha información, que está bajo ponderación de
las autoridades.
Es un hecho, lamentable,
trascendente, complejo y que obliga a afinar la puntería en la selección de los
funcionarios de áreas sensitivas, sobre todo de los jefes de estos.
Además, provoca que militemos
en el esfuerzo de que se sancione a los partidos en las violaciones en torno a
uso de recursos de sus dirigentes y candidatos.
También a que aboguemos
por la aprobación de la ley de extinción de dominio, que maniobras politiqueras
dificultan en el Congreso Nacional.
Líderes y partidos no están
exentos de responsabilidades en este lodazal vergonzosamente de copulación de
política y narcotráfico.
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