Operación Falcón y la Procuraduría Antilavado

 

Cristhian Jiménez

El impacto de la inaudita Operación Falcón ha solapado otro hecho sin precedentes: la intervención de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.

Una operación que inició con 80 allanamientos, incautaciones por 50 mil millones de pesos y que reitera la peligrosa vinculación del crimen organizado con la política, lo empequeñece todo.

Sin embargo, la intervención de un departamento que precisamente debe perseguir el lavado de activos, actividad fundamental en las operaciones de narcotráfico y corrupción estatal, por una investigación de alegadas irregularidades y previó a Falcón amerita fijar la atención en las indagatorias.

La investigación, a cargo del Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, provocó la suspensión de los dos principales funcionarios de ese despacho.

La intervención se produce previo a la puesta en escena del operativo y de meses de investigación y en coordinación con la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos.

Se citan operaciones de envíos de drogas desde 2012 a Puerto Rico, Estados Unidos y naciones europeas en cantidades que habrían generado millones de dólares en ganancia a los vinculados al negocio que tenía como epicentro la ciudad de Santiago.

Un tránsfuga funcionario, con varios períodos como diputado de otro color partidario, aliado a la oficialidad anterior, es uno de los principales investigados. Otro congresista sospechoso, transportaba al perseguido, ahora alega que “daba una bola” a un colega. Los traslados de drogas se han situado entre los años 2012 y el 2019, período, sin que sea único, de alta relación con vinculados al narcotráfico y a las postulaciones congresuales y municipales y al sostenimiento partidario. Surgieron los desconocidos “más votados”.

Las compras millonarias de bienes muebles e inmuebles abarcaron casi todas las actividades, sin que se dispararan las alarmas.

Un caso emblemático, el de “César el Abusador” se produjo por iniciativa de las autoridades norteamericanas, pero la complicidad de autoridades locales hizo inalcanzable al individuo que posteriormente fue apresado en Colombia. Desde allá denunció a supuestos protectores criollos.

¿Qué pasó con la Procuraduría Antilavado, sobre todo en la gestión de Jean Alain Rodríguez, durante aquella hecatombe?

¿Cuáles son las líneas de investigación del Inspector General del Ministerio Público en este caso?

Por informaciones que me han llegado, parecería que el tema del cheque de los 24 millones de pesos y la arbitrariedad contra un famoso colegio, en el fondo contra los padres de un niño estudiante, podría ser lo más suave del caso.

Las indagaciones se han ampliado y se sabe que llega mucha información, que está bajo ponderación de las autoridades.

Es un hecho, lamentable, trascendente, complejo y que obliga a afinar la puntería en la selección de los funcionarios de áreas sensitivas, sobre todo de los jefes de estos.

Además, provoca que militemos en el esfuerzo de que se sancione a los partidos en las violaciones en torno a uso de recursos de sus dirigentes y candidatos.

También a que aboguemos por la aprobación de la ley de extinción de dominio, que maniobras politiqueras dificultan en el Congreso Nacional.

Líderes y partidos no están exentos de responsabilidades en este lodazal vergonzosamente de copulación de política y narcotráfico.