Cuba garantiza retorno seguro a las aulas pese a Covid-19

La Habana, 13 oct (Prensa Latina) Cuba está en condiciones de garantizar el retorno seguro a las aulas de todos sus estudiantes, así como el éxito del proceso docente, afirmó hoy aquí la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.
En conferencia de prensa,
la funcionaria apuntó que el regreso de las clases presenciales se realiza
desde el pasado 4 de octubre de acuerdo con el cronograma previsto de
reincorporación progresiva en tres grupos
Ello, apuntó, en
correspondencia con el avance del proceso de vacunación y las condiciones
higiénico-sanitarias de los territorios.
Señaló que a partir del 15
de noviembre próximo acudirán a 10 mil 754 instituciones de enseñanza del país
más de un millón 620 mil educandos y 407 mil 552 trabajadores del sector para
concluir el año lectivo 2020-2021, e iniciar el próximo curso en marzo de 2022,
tras ajustes curriculares.
El sistema de clases se
desarrollará de forma flexible a partir del diagnóstico de cada escuela a sus
estudiantes, quienes desde marzo del pasado año recibieron los contenidos a
través de teleclases bajo la supervisión de padres, tutores y familiares, con
el apoyo de maestros, sobre todo a través de las redes sociales, explicó.
La preservación de la vida
y la salud de los participantes en el proceso docente es la máxima prioridad,
dijo, por lo que se observarán las medidas higiénico sanitarias implementadas
contra la pandemia de la Covid-19, y cada institución adoptará las medidas que
correspondan teniendo en cuenta sus particularidades.
En ese sentido, llamó a
las familias a involucrarse activamente para garantizar el cumplimiento de esas
disposiciones en los hogares, y a mantener el trabajo integrado con las
escuelas.
Aseguró que la base
material de estudio esencial está garantizada pese a la compleja situación
económica derivada de la pandemia y del recrudecimiento sin precedentes del
bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba desde hace seis décadas.
En la isla caribeña la
educación es un derecho ciudadano, y constituye una responsabilidad del Estado,
que destina el 23 por ciento de su presupuesto a garantizarla de forma gratuita
y universal, concluyó.
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