En caso Medusa Ministerio Publico denuncia presiones y amenazas

 

Santo Domingo-------Entre las acciones ilegales que el Ministerio Público atribuye a los imputados de corrupción en la Operación Medusa, está el recurrir a las presiones y amenazas para cobrar los supuestos sobornos por la ejecución de las obras del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Uno de los testimonios que se incluyen en la acusación es el del ingeniero Francisco Humberto Pezzotti Grullón, representante de la Constructora Woxxen, S.R.L., que resultó adjudicada del Lote 4 de las obras de construcción en La Nueva Victoria.

De acuerdo al relato que hace el Ministerio Público de las declaraciones que le ofreció Pezzotti Grullón, el hombre fue amenazado en varias ocasiones, al punto de tener que salir del país varias veces para proteger su integridad física.

También le habría narrado cómo debió firmar una adenda a su contrato en momentos que estaba ingresado por COVID-19 en una clínica, a donde un personal de la Procuraduría acudió con traje biológico.

El expediente cuenta cómo, en 2018, el empresario se interesó en participar en el proceso de licitación, con la promesa de un amigo de que tenía contactos para ayudarle.

“El ingeniero Héctor Sánchez Ureña, pone en contacto a Francisco Humberto Pezzotti Grullón con Víctor Manuel Lora Imbert, quien podía asegurarle la adjudicación del lote 4 del CCR La Nueva Victoria, pero para esto debía entregarle dinero para sus jefes, refiriéndose a Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Canó Sacco y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, consistente en el 20% del valor total de la obra, mientras que tenía que darle una gratificación al final del proyecto, sacado de los beneficios”, se extrae del documento.

Luego narra que al ingeniero se le indicó el monto que debía presentar en su oferta, cuyo máximo sería de 692 millones y que, ante lo bajo que le pareció, se le prometió realizar adendas para llevarlo al monto real.

“La negociación final fue que Francisco Humberto Pezzotti Grullón debía entregar por la adjudicación de la obra un total de DOP$ 138,000,000.00, a la estructura de corrupción que dirigía el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez”, establece el Ministerio Público.

Señala que luego de la firma del contrato, que tuvo lugar el 18 de febrero de 2019, a Constructora Woxxen S.R.L., se le pagó 138,367,984.65 pesos por concepto del 20 % de avance al contrato, pero que, inmediatamente, Lora Imbert le solicitó a Pezzotti Grullón el pago total del 20 % del valor adjudicado, que sería el 100% del cheque entregado como anticipo.

Dice que, ante la negativa del contratista, le insistieron en que “los números 1 y 2 de la Procuraduría (refiriéndose a Jean Alain Rodríguez y Rafael Canó) estaban esperando su dinero”, entonces habrían acordado pagar inicialmente 60 millones, y el resto conforme al 20 % de cada cubicación.

“Los referidos DOP$ 60,000,000.00 fueron entregados en dos partidas, ambas en la residencia y (en) manos de Víctor Manuel Lora Imbert. La primera parte del dinero entregado fue de DOP$ 33,000,000.00, el día 07 de marzo del 2019. La segunda parte del primer avance fue de DOP$ 23,000,000.00 en fecha 26 de marzo del 2019”.

En el expediente se refieren otros ocho pagos de supuestos sobornos, siete de los cuales –dice- lo recibió Lora Imbert entre octubre de 2019 y agosto de 2020. El otro, de 3 millones, se habría hecho mediante una caja de envíos.

“Francisco Humberto Pezzotti Grullón establece al Ministerio Público que le era exigido el pago de la “comisión” como condición para poder cobrar la próxima cubicación, sin importar que el presupuesto del proyecto no soportase tales egresos, sin embargo, se veía en la obligación de aceptar, pues eran necesarios para que Jenny Marte le liberara los pagos de las cubicaciones”.

Adenda con traje biológico

La acusación del Ministerio Público indica que ante la situación de déficit en que operaba el ingeniero por los pagos que debería realizar, al contrato del ingeniero Pezzotti Grullón se le aprobó, aunque con algunas resistencias iniciales, una adenda por 106.4 millones de pesos, pero con la condición de que debía devolver 50 millones.

“Para la firma de la referida adenda, el acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, se trasladó en junio de 2020, a Hospiten Santo Domingo, donde se encontraba ingresado por COVID el ingeniero Francisco Humberto Pezzotti Grullón, y es en ese lugar, utilizando un traje de protección biológico, donde se firman los documentos relativos a la adenda, según lo narrado por el mismo ingeniero Pezzotti”, dice el expediente.