Una ley que asuste a los difamadores profesionales

 

Que obligue al debilucho y muchas veces irresponsable “Poder Judicial” a contener a los depredadores cuando son acusados porque usan el acceso a la presencia pública que ofrecen los nuevos canales de comunicación como armas para injuriar y asesinar reputaciones.

Manuel Quiterio Cedeño

Periodista

Periodista. Director del Centro de Información y Comunicación (CICOM). Trabaja y asesora en el área turística, y dirige la revista especializada RT.

 

He revisado el “Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales”. No encuentro pistas que me lleven a contenidos para concluir que es un intento de “ley mordaza” para silenciar las críticas y disidencias con quienes controla el Poder del Estado y puede usarlo para callar a los disidentes.

Para silenciar a los críticos de cualquier gobierno, o comprar apoyos para opositores o grupos privados, está más que demostrado que basta disponer de millones de pesos o dólares para llenar sobres abultados con suficiente dinero para comprar silencios o generar apoyos.

Es una historia repetida muchas veces. La aprendí una mañana cuando aún era un “muchacho periodista” y un mensajero me llevó por error un abultado sobre con dinero destinado a un conocido colega que admiraba.

Lo devolví porque estaba aferrado a la ética que aprendí de profesores intachables como Rafael González Tirado, Alberto Villaverde, y el ejemplo de periodistas como Orlando Martínez asesinado por los pelotones de exterminio de Joaquín Balaguer, y que colocaron una bomba que hizo estallar en su garaje –por suerte- el auto de Juan Bolívar Díaz.

Para qué complicarse la vida provocando un debate riesgoso con una propuesta de ley a la que el actual inquilino del Palacio Nacional, con sobrados poderes para hacerlo, no le puso una coma, y eso me consta, porque seguí de acerca, a mi manera, el proceso.

He revisado varias veces el texto. No encuentro el intento de mordaza. Si párrafos que podrían ser más contundente y mejor redactados. Creo que hace falta una ley, precisa, que obligue al debilucho, y muchas veces irresponsable “Poder Judicial”, a contener a los depredadores cuando son acusados porque usan el acceso a la presencia pública que ofrecen los nuevos canales de comunicación, como armas para injuriar y asesinar reputaciones.

Tenemos una ley que define los delitos de alta tecnología de la manera siguiente: “Aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información. Se entenderán comprendidos dentro de esta definición los delitos electrónicos, informáticos, telemáticos, cibernéticos y de telecomunicaciones”. Esa ley además, tipifica los siguientes delitos:

Artículo 21.- “Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo”.

Artículo 22.- “Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo”.

Este texto no atemoriza a los depredares. Una prueba: la andanada mezquina de difamación e injuria que atenta contra el derecho de Faride Raful a su buen nombre, y cuyo único “delito” ha sido atreverse a desafiar la mezquindad masculina que controla la vida política.

Hace falta una mejor ley. Sugiero a quienes tengan correcciones que las presenten al país y al Congreso para perfeccionar este intento de poner límites a los depredadores. Necesitamos sanear la comunicación pública.