Fuerza del Pueblo alerta sobre conflictos de tierras en Pedernales y reclaman intervención del Gobierno

 

5  de junio de  2026.-

Pedernales------ El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó al Gobierno investigar a personas y grupos que, según denunció, intentan apropiarse de terrenos cuyos propietarios poseen títulos de propiedad con más de 60 años de antigüedad en la provincia de Pedernales.

Durante una rueda de prensa, dirigentes de la organización opositora hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación sobre quienes estarían detrás de las reclamaciones de terrenos en esta demarcación fronteriza, alegando que muchos de los supuestos beneficiarios ni siquiera tienen vínculos con la zona.

Los representantes de Fuerza del Pueblo expresaron su preocupación por lo que consideran una amenaza para los residentes de Pedernales.

Aseguraron que, tras el anuncio del proyecto de desarrollo turístico de la provincia, han surgido personas reclamando la propiedad de extensas áreas de terreno, incluyendo inmuebles ubicados en las parcelas 40 y 682, así como propiedades dentro del casco urbano.

Según la organización política, las expectativas de progreso y bienestar generadas por los proyectos turísticos han dado paso a la incertidumbre y preocupación de numerosas familias que temen perder los bienes que han poseído durante décadas y que constituyen su principal patrimonio.

Como ejemplo, citaron el caso del restaurante-bar El Navío, propiedad del empresario Odanis Grullón, cuyo desalojo y posterior demolición, afirmaron, se realizaron presuntamente al margen de los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, cuestionaron el impacto económico local de las obras desarrolladas en la provincia, señalando que proyectos como los hoteles y el muelle turístico de Cabo Rojo no han generado suficientes oportunidades para los comerciantes y empresarios de Pedernales.

Los dirigentes de Fuerza del Pueblo sostuvieron que el desarrollo turístico debe traducirse en beneficios directos para los habitantes de la provincia y no en perjuicios para familias que, aseguran, han vivido y trabajado durante generaciones en esa comunidad fronteriza.