En defensa de los partidos políticos

 

En estos tiempos resulta sumamente difícil defender a los partidos políticos. En las mediciones de confiabilidad en las instituciones que se llevan a cabo en muchos países la de los partidos políticos es una de las más bajas. En sentido general, la gente ha asimilado la idea de que los políticos piensan exclusivamente en sus intereses y beneficios individuales y no en el bienestar general.

La poca credibilidad de los partidos políticos influye en el grado de confianza de la población en las cámaras legislativas, las cuales también aparecen entre las instituciones menor valoradas. Así, dos ámbitos institucionales clave de la representación política -partidos políticos y Poder Legislativo- se erosionan progresivamente, lo que termina afectando la calidad del sistema democrático.

Esto plantea una paradoja: por un lado, los partidos políticos dejan de ejercer sus funciones de manera efectiva por la pérdida de confianza de la ciudadanía en ellos, sus divisiones internas y sus repetidas crisis; por otro lado, sin embargo, los partidos políticos siguen siendo institucionales indispensables en la vida democrática para articular sectores sociales, representar intereses, formar cuadros para gobernar, realizar la labor legislativa y desempeñar un papel tanto desde el gobierno como desde la oposición.

No ha existido -ni existirá según el criterio de este articulista- otro tipo de institución que pueda sustituir a los partidos políticos en el ejercicio de esas funciones en un sistema político democrático.

Esto no quiere decir que la participación ciudadana en la política sólo pueda llevarse a cabo a través de los partidos, sino que ninguna otra puede configurar una relación con la sociedad similar a la que los partidos establecen, o están llamados a establecer, como entes intermediarios entre el Estado y la sociedad.

La idea clave que da razón de ser a los partidos políticos es la formación de voluntades colectivas, articuladas en torno a cierto imaginario político, experiencias compartidas, simbología, programas y liderazgos con vocación de llegar al poder y ejercer la labor de oposición de manera consistente como parte esencial de la vida política en la democracia.

Esto no impide que un diseño institucional pueda incluir formas o instrumentos más flexibles de participación político-electoral, especialmente en el plano local, a través de las cuales se puedan presentar candidaturas fuera de los partidos, pero estas cumplen un papel secundario o complementario, nunca para sustituir a los partidos políticos.

En el plano nacional, el mesianismo político sin un arraigo orgánico partidario suele terminar dislocando la vida del Estado.

Sin duda, cuando los partidos políticos dejan de desempeñar el papel que les corresponde generan serios problemas en la vida institucional. Cuando se fragmentan y desarticulan hacen que la sociedad se desvertebre políticamente, lo que genera inestabilidad e ingobernabilidad.

La gran discusión política en países como Perú y Ecuador, entre otros, es cómo restablecer y fortalecer a los partidos para que pueda articular una representación más o menos coherente en los diferentes niveles institucionales de elección popular, especialmente en el plano más general del Estado. Las experiencias sucesivas de inestabilidad institucional e ingobernabilidad los ha llevado a esta reflexión inescapable.

Por su parte, la República Dominicana tiene décadas disfrutando de estabilidad política y gobernabilidad, sin rupturas de su orden institucional, ni movimientos insurreccionales ni violencia política. Los gobiernos empiezan y terminan, se celebran elecciones y hay alternancia en el poder.

Estos no son hechos menores. Aunque no es la única causa, hay que reconocer que los partidos políticos, por muy deficientes que pensemos que son, han sido pilares de estos logros de nuestra vida institucional.

Ciertamente, los partidos se han dividido y siguen dividiéndose, pero no se ha llegado al punto de una fragmentación extrema como sucede en muchos países de América Latina.

No obstante, hay señales en la vida política nacional que llevan a preocupación. Esta columna ha expresado su diferencia con la manera cómo el Tribunal Constitucional configuró un nuevo tipo de mecanismo de participación político-electoral a través de candidaturas independientes que se presenten a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos de naturaleza espontánea y sin ningún requisito de inscripción.

A la corta o a la larga, el fomento de esta nueva modalidad de participación electoral, especialmente en el plano nacional, puede conducir a una fragmentación no deseable de la representación política.

Más recientemente, vemos cómo desde el propio gobierno se fomenta una interlocución de tipo político sobre cuestiones legislativas de gran importancia, como es el caso del Código Penal, con figuras de la comunicación social que, si bien tienen un papel legítimo que desempeñar, no pueden sustituir al liderazgo político y legislativo en la toma de decisiones sobre cuestiones de esta naturaleza. Los efectos de este tipo de comportamiento político seguro se verán más adelante.

Desde luego, no es suficiente con hacer una defensa de los partidos políticos si estos no se plantean seriamente por qué su credibilidad se ha ido erosionando progresivamente.

La confianza que estos tienen en su capacidad de operar con más ventaja que otros actores dado que cuentan con aparatos políticos y electorales tiene límites, pues se producen circunstancias en los que la sociedad los desborda y busca otros cauces de participación cuyo remedio suele ser mucho peor que la enfermedad.

De ahí que se requiere con cierto carácter de urgencia que los partidos políticos dominicanos tomen perspectiva, comprendan las razones y las implicaciones de su debilitamiento y pérdida de confianza como paso previo para hacer las reformas y renovaciones necesarias que les permitan seguir desempeñando el papel crucial e insustituible que les corresponde en un sistema democrático.