Apoyo al Ministerio Público

El Ministerio Publico inició en días pasados el caso más importante de corrupción que haya llegado a tribunales dominicanos en toda su historia, en el que el Estado tiene derecho a reclamar 26,000 millones de pesos y por el cual fueron apresados tres altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina, del que fueron colaboradores, y los que conformaron un clan de inmenso poder político y económico hasta el 16 de agosto del año 2020.
El denominado Caso Calamar es sencillamente un horror que
describe cómo se orquestó una verdadera asociación de malhechores para extraer
de las arcas públicas miles y miles de millones de pesos, todo lo cual tuvo
como punto de partida una reunión en el Palacio Nacional con el entonces
presidente Danilo Medina y los funcionarios apresados.
El también denominado Caso Donald Guerrero no fue una
improvisación en materia de investigación, ni un caso fabricado con fines
políticos, como de manera malsana y aviesa ha sostenido la cúpula del PLD.
Todo el mundo sabía en este país desde el año pasado que
las investigaciones sobre este gigantesco fraude estaban en marcha y que se
produjeron grandes presiones de diferentes sectores de poder, incluyendo un
sector del partido gubernamental PRM, para que el mismo no llegara a los
tribunales; por lo que resulta un acto de suprema valentía del Ministerio
Público no ceder a esas presiones y cumplir con su suprema obligación de actuar
en justicia.
La crítica que hace la cúpula del PLD de que el momento
escogido para someter el Caso Calamar fue decidido desde el Palacio Nacional
con fines políticos reeleccionistas, es falsa e injusta. Basta resaltar que fue
en Agosto del año 2022, es decir hace 6 meses, que la Juez de Instrucción
autorizó el requerimiento de información financiera sobre Donald Guerrero y más
de 30 personas; proceso que lleva un tiempo largo para recabar información en
los bancos e instituciones financieras.
A lo antes descrito, se le suman los procesos de
negociación con un grupo de implicados en este caso, quienes confesaron todo y
devolvieron más de 3,000 millones de pesos. Es, pues, evidente que la
investigación estuvo lista ahora para llegar a justicia, en un expediente
blindado con miles de pruebas.
Lo más contradictorio de lo que ha hecho la cúpula del
PLD es que no se ha atrevido a defender la inocencia de ninguno de sus
dirigentes presos y han pedido que la justicia sea la que decida su
culpabilidad o no, planteamiento incongruente con el alegato de que son presos
políticos del Presidente, que no ha sido sostenido ni siquiera por ninguno de
los imputados presos en sus breves encuentros con los medios de comunicación.
El pueblo dominicano debe cerrar filas en apoyo al
Ministerio Público que está hoy siendo salvaje e inmerecidamente atacado e
insultado en algunos medios de comunicación, mediante una campaña financiada
por los pejes gordos de la corrupción.
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