Detectan irregularidades en proceso de ilicitacion en Bienestar Estudiantil
Mediante un informe,
realizado junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la
unidad manifestó que se identificaron indicios relevantes de conflictos de
interés y posibles actos de colusión entre oferentes.
A través de un comunicado de
prensa, se informó que los análisis detallado de los procesos
INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012,
destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyó entrevistas a 29
personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades
estatales. Los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control
Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
“Entre las principales
violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios
de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación
de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente
descalificadas o no habilitadas.
Asimismo, se detectó una
preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente
conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en
la documentación de los contratos registrados”, reseña el documento de prensa.
La nota señala que, “en
virtud de la gravedad de estos hallazgos”, el expediente completo ha sido
remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales
correspondientes.
Durante el desarrollo de la
investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia
de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente
actos de colusión entre oferentes.
Según el comunicado, estos
indicios surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales
entre representantes legales de distintas empresas participantes, lo cual
sugiere una coordinación previa orientada a influir de manera indebida en los resultados
del proceso de contratación.
Además, indicaron que estas
acciones comprometen los principios de equidad, libre competencia y
transparencia que deben regir las contrataciones públicas, y constituye una
infracción a la normativa vigente, razón por la cual estos hallazgos también
serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación
especializada, incluyendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(ProCompetencia).
Se recuerda que la Dirección
General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y
procesamiento de cientos de contratos, así como la ejecución de pagos
vinculados a éstos, hasta tanto terminen las investigaciones que aún se
encuentran en curso. Las recomendaciones buscan proteger los fondos públicos
frente a posibles erogaciones indebidas.
La investigación de la
Unidad Antifraude y la DGCP arrojó, además, indicios de una posible
confabulación entre funcionarios del Inabie y determinados proveedores,
evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para
beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.
“Entre las prácticas
observadas se encuentran la flexibilización de criterios de evaluación, la
omisión deliberada de controles documentales, y la participación directa o
indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y
administrativas.
A esto se suma el
comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores, así como
de los coordinadores responsables de dirigir y validar su trabajo, quienes
habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni
verificación adecuada e informes alterados”, manifiestan.
En la investigación, por
igual, se identificaron inconsistencias notables entre los informes
preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las
variaciones.
Además, se detectaron
indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles
falsificaciones de informes periciales, lo que compromete seriamente la
legalidad del proceso y evidencia un patrón de actuación que podría haber
favorecido de forma intencionada a determinados oferentes, en detrimento de la
transparencia y la equidad del procedimiento de contratación.
La DGCP recordó que continúa
apoderada de tres investigaciones de oficio sobre la legalidad de los
procedimientos de Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008
(polos y pantalones), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012
(zapatos).
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