Senasa: ¿para qué existe?

 

El sistema de salud pública dominicano siempre ha sido muy deficiente. Cuando el país tenía poca población, las clínicas privadas atendían a la diminuta clase media y alta, y los hospitales públicos aliviaban los pobres.

Actualmente, con una población de alrededor de 12 millones de habitantes, los hospitales públicos no tienen los recursos adecuados (la inversión en salud no alcanza el 3% del PIB) ni el personal suficiente para dar respuesta a las demandas de servicios (y ni hablar de la irresponsabilidad de una parte del personal médico y administrativo).

La Ley de Seguridad Social 87-01, promulgada en el 2001, estableció el llamado Seguro Familiar de Salud en tres categorías: el contributivo donde cotiza el empleador y el empleado, el subsidiado costeado totalmente por el Estado supuestamente para los pobres, y el contributivo-subsidiado esencialmente para los informales con capacidad de hacer aportes.

En este sistema, producto de la ola privatizadora de la década de 1990, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son las intermediarias entre cotizantes y proveedores privados, o sea, fungen como aseguradoras.

La intermediación de las ARS encarece los servicios de salud, pero median burocráticamente entre múltiples cotizantes y proveedores, con frecuencia para insatisfacción de ambas partes.

Ese sistema tiene sentido en el mercado privado de la salud para que las empresas e instituciones gestionen sus planes con aseguradoras privadas, bajo regulación y supervisión del Estado.

Pero el Gobierno dominicano también comenzó a operar como asegurador. Creó una ARS propia: el Seguro Nacional de Salud (Senasa) para asegurar los pobres a ser subsidiados por el Estado, e incursionar en el sistema contributivo.

Los pobres (y cualquier dominicano o dominicana) necesitan unidades de atención primaria en todo el país y hospitales públicos bien gestionados, lo que corresponde al Servicio Nacional de Salud (SNS), y boticas populares. No la intermediación burocrática de Senasa.

Los dominicanos deberían poder acudir a los centros de salud pública simplemente con su cédula, o Senasa debería emitir carnet automáticamente a toda la población dominicana que no tenga un seguro privado si el objetivo es cobertura total de salud, o solo a aquellos que las estadísticas oficiales indiquen son pobres si el objetivo es subsidiar la salud de ese segmento social.

Del lado comercial, Senasa supuestamente compensaría gastos de los subsidiados con los beneficios que dejarían los asegurados contributivos.

Pero esas matemáticas difícilmente funcionen así: los contributivos nunca serán suficiente para cubrir los subsidiados y el Estado termina subsidiándolos a todos. Además, el Estado no debería incursionar en el mercado privado de las aseguradoras de salud que ha creado para bien o para mal, según el cristal con que se mire.

Por todas estas razones Senasa está desenfocada y desbocada, aún si operara de manera pulcra.

Pero ni eso, ahora explota el mega-escándalo de corrupción de sobrefacturaciones pagadas a entidades privadas, procedimientos falsos pagados a médicos, clínicas y farmacias, vacunas gratis vendidas, etc., etc. Es un antro de corrupción público-privado, según reportan los medios.

Investiguen, castiguen y reenfoquen a Senasa. ¿Para qué realmente existe? ¿Para asegurar a quién y subsidiar a quién?