San Juan y el proyecto Romero: decidir sin escuchar también tiene un alto costo

 

Entre sostenibilidad y desarrollo, la discusión pendiente en San Juan

Cerrar la puerta a cualquier alternativa que pueda evaluarse bajo criterios de sostenibilidad no representa una victoria para la provincia; en la práctica, terminará favoreciendo a quienes han hecho de la pobreza un mecanismo de control, administrando carencias con dádivas en lugar de impulsar soluciones que generen desarrollo y autonomía.

San Juan de la Maguana enfrenta hoy una discusión que va más allá del proyecto Romero, porque lo que está en juego no es solo su posible impacto ambiental, sino la forma en la que una sociedad decide en medio de la polarización, donde con frecuencia se impone la descalificación sobre el argumento y la percepción sobre la evidencia.

La preocupación por el agua es legítima. Es innegable que la dependencia de la provincia del río San Juan y de la presa de Sabaneta para sostener su producción agrícola y su vida cotidiana obliga a tratar este tema con un mayor nivel de responsabilidad.

Ese punto no admite relativizaciones. Sin embargo, también merece atención la base sobre la cual se están construyendo muchas de las posiciones actuales, que en su mayoría procuran derrotar y desacreditar al que piensa diferente.

Debería llamar la atención que una gran parte de las opiniones adversas que se han emitido, no se ha sustentado en estudios técnicos concluidos, entre otras razones porque esos estudios aún no han sido completados o socializados en su totalidad.

Este hecho revela un problema central; se ha estado debatiendo sobre escenarios que no han sido verificados científicamente.

Y cuando la decisión se apoya más en percepciones que en evidencia, el margen de error se puede convertir en océano.

Sin embargo; no se puede ignorar que gran parte de las experiencias negativas que hoy pesan en la memoria colectiva, tiene un referente claro por lo ocurrido en Cotuí con Barrick Gold.

Pero atribuir esos resultados única y exclusivamente a la actividad minera deja fuera un elemento determinante.

También deben ponderarse las debilidades de los gobiernos de turno para supervisar, la falta de controles efectivos y decisiones públicas que no lograron garantizar el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.

Pero esos antecedentes no deberían cerrar la discusión, lo que deberían es elevar su nivel.

Y ante esas fallas ya permitidas, la respuesta no debería ser la de rechazar el proyecto sin antes evaluarlo sin basarse en estudios científicos, sino exigir condiciones más estrictas, transparencia en la información y mecanismos de fiscalización independientes, que permitan verificar el cumplimiento de cualquier compromiso asumido.

En ese contexto aparece otra realidad estructural que condiciona el debate. San Juan, es una provincia con abundantes recursos, pero con limitaciones históricas para traducirlos en desarrollo sostenible.

La disyuntiva no debería plantearse como una elección entre; aprovechar su riqueza o proteger sus recursos naturales, sino también en una tercera vía.

Una que procure determinar, si existe alguna posibilidad de compatibilizar ambos objetivos bajo reglas claras.

Sin embargo, ese espacio de discusión ha sido reducido al máximo.

Por la imposibilidad de confrontar a un mismo nivel de razonamiento entre informaciones técnicas y opiniones.

Quedando desplazada la discusión, hacia un terreno donde se imponen intereses políticos, económicos o del liderazgo local, que no siempre buscan mayoritariamente el bienestar colectivo.

Permitir estudios no equivale a autorizar explotación.

Negarse a esa etapa implica renunciar a herramientas científicas para medir riesgos, establecer límites y definir condiciones.

GoldQuest Mining ha planteado un modelo de operación subterránea, sin uso de cianuro ni mercurio y con una vida útil limitada.

Esa propuesta por supuesto que debe ser sometida a verificación técnica independiente, y si no cumple con los estándares requeridos, la decisión correcta sería no permitirla.

Pero negarse a escuchar no reduce los riesgos, limita la capacidad de entenderlos y eleva el costo de cualquier decisión que se adopte sin la información necesaria para sustentarla.